Asamblea aprueba Ley de Costas

2009-06-05

Por: Luis Núñez Salmerón

La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Desarrollo de Zonas Costeras, superando muchos obstáculos motivados por posiciones encontradas y después de cinco años de estar en ese poder del Estado.

Tanto el sector privado como los legisladores manifestaron su satisfacción por la nueva ley, ya que consideran que se logró el consenso para aprobarla y sobre todo para dar seguridad a la inversión ya establecida y la que está por venir.

El presidente de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Agustín Jarquín Anaya, destacó que precisamente la insistencia para que se consignen los derechos de propiedad en las áreas costeras fue lo que “contribuyó a que fuéramos aprobando las diferentes mociones por consenso”.

Uno de los puntos que más contradicciones provocó fue el relativo a la vigencia del artículo 2 de la Ley Agraria de 1917 que establecía como propiedad del Estado los predios baldíos desde la Costa hasta dos kilómetros hacia adentro. Un artículo que la empresa privada consideraba como confiscatorio. Sin embargo se logró una salida salomónica en la que si bien no se deroga totalmente, sí lo hace para efectos de la aplicación de la nueva Ley, consignada en el artículo 63.

“Esta ley no afecta ni restringe los derechos legalmente adquiridos de propiedad y posesión antes de la entrada en vigencia de ella. Promueve la seguridad jurídica de la inversión, tenencia, uso, goce y usufructo, así como las transacciones y el tráfico de inmobiliario que el ordenamiento jurídico garantiza en base al mandato constitucional del artículo 44”, indica el referido artículo.

El mismo articulado señala: “En cuanto al dominio y uso de zona costera referida en esta ley, en especial la demarcación de uso público, esta ley es la que debe aplicarse. Cualquier otra disposición anterior que se le oponga o contradiga queda sin efecto en su aplicación”.

El diputado sandinista Agustín Jarquín reiteró que de esta forma “queda garantizado que no es una ley confiscatoria”.

UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA

La aprobación de esta ley significó que todas las partes interesadas tuvieron que ceder algo. La oposición y la empresa privada lograron anular la Ley Agraria de 1917 y la bancada oficialista logró que el área de costa pública del Estado fuera de 50 metros desde la marea alta promedio histórica, hasta tierra firme y no los 30 que se había discutido largamente y que incluso estaba recogido en el primer dictamen del 2005.

Sin embargo, en este caso se dejó consignado en la ley que quienes hayan adquirido legalmente y que hayan registrado debidamente las propiedades en áreas comprendidas en zonas menores a los 50 metros se respetaran los derechos de propiedad.

En el caso de los lagos naturales y lagunas cratéricas la distancia de zona costera quedó en cinco metros hacia tierra firme, lo cual provocó el tardío y solitario reclamo del diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Eliseo Núñez, quien pidió diez metros. “Es injusto que gente que siempre ha gozado del beneficio de ir a la laguna de Apoyo o Masaya no tenga derecho a irse a bañar porque ustedes van a la laguna de Apoyo y los propietarios de casas han construido hasta la orilla”.

Pero ya el artículo 19 había sido aprobado unánimemente incluyendo su voto, “fue un lapsus”, justificó.

José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), expresó su satisfacción con la ley asegurando que “para nosotros es importante resaltar que hoy prevaleció la marca consenso. Es un reflejo de que estuvimos trabajando arduamente”.

Agregó que con la ley se logró que las costas fueran de uso público, pero que eso no significa que se puedan utilizar desordenadamente.

“Logramos que no hubieran esos chinamos en las zona costera”, afirmó.

INCLUYEN A CONIMIPYME

De último momento se logró que en la ley se incluyera al Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme).

“Con el apoyo del diputado (sandinista) Evertz Cárcamo logramos que se incorporara a los pequeños empresarios”, destacó Leonardo Torres, presidente de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa Turística (Cantur), refiriéndose a la incorporación de esta Cámara a la Dirección General de Desarrollo de las Costas y Zonas Costeras, en la que participan diferentes instituciones, municipios, sector privado, ejército y la Policía.

Torres destacó el consenso logrado en las discusiones aún cuando algunos puntos no fueron de la total aprobación de la Cámara. El papel de este consejo será regular el uso de las costas en todo el país.